El pleno del Ayuntamiento de Xixona ha dado luz verde a la modificación del PGOU que posibilitará la colocación de ascensores en el exterior de edificios que, por sus características y dimensiones, no tengan espacio suficiente para instalarlos en su interior.
La concejal de Urbanismo y Vivienda, María Teresa Carbonell, ha expresado su satisfacción porque “veníamos trabajando desde hacía años en esta modificación de la normativa urbanística que abre la puerta a mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas que se encuentran con un gran problema de accesibilidad a sus casas que hasta ahora no tenían posibilidad de solucionar”. La edil ha añadido que “los plazos se han alargado porque era necesaria la autorización de la Generalitat Valenciana y se trataba un trámite complejo que ha tenido que aprobarse por el pleno y exponerse al público previamente”.
Los barrios de María Verdú, Almarx y Sagrada Familia son tres zonas en las que buena parte de las fincas se encuentran en esa situación y podrán beneficiarse de la medida. En cada una de ellas los edificios tienen características similares entre sí y se las considera “áreas de edificación homogénea”, en las que será necesario un estudio de integración paisajística que servirá posteriormente para el resto de fincas.
Otro de los barrios con edificios susceptibles de acogerse a esta modificación será el casco antiguo, aunque en este caso la regulación de las actuaciones a realizar será la que marque el Plan Especial de Protección del Castillo de Xixona, que incluye cómo se regula la zona de Bien de Relevancia Local del núcleo histórico.
En el resto del municipio también se podrá aplicar esta nueva normativa, siempre con la pertinente aportación del estudio de integración paisajística y la validación por parte del pleno. En todos los casos será el Ayuntamiento quien evalúe la viabilidad de las modificaciones que afecten a la vía pública, garantizando siempre que los espacios públicos sigan cumpliendo su función.
Facilidades para reducir la demanda energética
La ocupación de estos espacios será también posible cuando se realicen obras encaminadas a
reducir al menos en un 30% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración del edificio, ya sea con la instalación de aislamiento térmico, la colocación de dispositivos bioclimáticos o la instalación de placas solares u otras fuentes de energía renovables. También se facilita la realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al menos, en un 30% el consumo de agua en el conjunto del edificio.
La nueva normativa está ya vigente después de que fuese aprobada en el pleno del pasado 25 de abril.